ASSOCIACIÓ DE PARES SEPARATS DE LES COMARQUES GIRONINES

3 de diciembre de 2007

Empezar una nueva vida no es fácil, y menos cuando lo que uno deja atrás es un pasado de malos tratos que deja huellas físicas y sobre todo sicológicas. Por eso, e independientemente de la veracidad o no de la denuncia que una mujer ha presentado contra la casa de acogida de Arrecife, y que tendrá que ser resuelta por la Justicia, lo cierto es que escuchar su testimonio pone los pelos de punta.



Incluso sin tener en cuenta el “trato discriminatorio” y el “abuso de poder” que María del Carmen denuncia por parte de las responsables de este centro, acercarse a lo que supone vivir en una casa de acogida a miles de kilómetros de tu tierra natal es de por sí un suficiente motivo de reflexión.



Diariamente se ven anuncios animando a salir del círculo del maltrato, a denunciar al agresor y romper con esa vida, pero ¿qué puede ofrecer realmente la sociedad a esas mujeres que le plantan valor y deciden empezar de nuevo? Algunas, desgraciadamente, terminan ocupando portadas porque el hombre al que dejaron y que incluso tenía hasta una orden de alejamiento ha terminado con su vida, sin que la Justicia y las fuerzas de seguridad les hayan dado la seguridad que merecían. Otras, las más “afortunadas”, consiguen salvar la vida, pero también pagan un precio muy alto.



María del Carmen huyó de Galicia y eligió Lanzarote para estar lo más lejos posible del hombre que había intentado matarla. Y así se alejó también de sus hijos, de sus padres, de sus amigos. Lo dejó todo y llegó a un piso de acogida en el que, lejos de tomar las riendas de su vida, a sus 49 años entró en un mundo cargado de normas en el que ni siquiera podía fumar en su habitación y tenía que dar explicaciones hasta para salir a fumar un cigarro.



Son reglas habituales en este tipo de centros, y es entendible que deba ser así porque hay que velar por la seguridad de todas las mujeres que viven allí. Tienen marcado un horario de regreso por las noches y deben avisar si se retrasan, no pueden, según María del Carmen, ni conocer el teléfono de la casa donde viven para que no lo faciliten a otras personas, y hasta deben dejar su móvil en un despacho cada vez que regresan al piso de acogida.



Pero por más que todo ello resulte razonable, considerando que se teme que los maridos o parejas abandonadas consigan localizar estos pisos por sus propios medios o aprovechando un momento de debilidad de sus víctimas, no deja de ser un triste panorama. Porque conviviendo con personas que no han elegido, rodeadas de normas y horarios y sobre todo escondidas como si las delincuentes fueran ellas, es donde estas mujeres se supone que deben recuperar su libertad y su autoestima. ¿Realmente eso es todo lo que la sociedad les puede ofrecer?



No cabe duda de que la llamada “violencia de género” es un problema complejísimo y no es fácil de abordar. No puede bastar una denuncia para encerrar a un hombre porque eso abriría también un camino muy peligroso, sobre todo considerando que algunas mujeres se burlan de este drama presentando denuncias falsas, pero la realidad es que sí hay casos con pruebas suficientes. Casos con partes de lesiones y hasta en los que las propias fuerzas de seguridad han sido testigos de los hechos. Casos en los que, pese a todo, el agresor puede quedar en libertad hasta que se celebre el juicio, o ser condenado y salir en pocos años porque las penas para los delitos realmente graves siguen siendo insuficientes.



Está muy bien intentar concienciar a la sociedad y animar a las mujeres y a su entorno a denunciar estas situaciones, pero todo ello no será suficiente mientras no se les pueda garantizar después una vida digna y sin miedo. Y para eso, las herramientas del Estado siguen siendo insuficientes.



Incluso a veces, como en el caso del centro de menores de Telde, que ha sido cerrado por orden de la Fiscalía del TSJC porque no reunía las condiciones de higiene y seguridad mínimas para acoger a niños cuya tutela tiene que ser asumida por el Estado, son directamente escandalosas.



Amig@s mí@s , yo quisiera añadir a esta noticia la siguiente reflexión:

¿Qué cantidad de dinero se está inviertiendo en la lucha contra los malos tratos?. Por un lado tenemos los millones de euros, que vemos que se emplean en camapañas publicitarias constantes que nos rodean. Por otro lado los millones de euros que se asignan a las asociaciones de mujeres que debidamente justifican la inversión en esta lucha. Pero son bastantes más los millones de euros que se asignan en las partidas presupuestarias del estado, a cada comunidad autónoma, para que entre otras, cosas se construyan y mantengan con el personal adecuado estos centros de acogida a los que hace referencia esta noticia.

Según este artículo: "hay casos con pruebas suficientes. Casos con partes de lesiones y hasta en los que las propias fuerzas de seguridad han sido testigos de los hechos. Casos en los que, pese a todo, el agresor puede quedar en libertad hasta que se celebre el juicio, o ser condenado y salir en pocos años".

Me pregunto yo:¿No podríamos coger, tan sólo una séptima parte de esos millones de euros y poner un vigilante privado 24 HORAS, como el de cualquier edificio oficial (seguridad), o pisos del ivima vacío (para evitar okupas), pero para algo más importante SALVAR UNA VIDA? Sólo con proteger al menos a mil de las mujeres citadas, de las que han sido testigos las fuerzas de seguridad mismas del peligro que corren, este año de 2008 podríamos reducir notablemente tan macabra cifra, en lugar de aumentarla otra vez, como ha venido sucediendo en estos últimos años (Y de seguir así, cualquier año ascenderán a 100).

Por favor, SALVEN VIDAS, y dejen de justificar el correr de los millones de euros, manteniendo una cifra de víctimas que cada año aumenta.