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09/12/2008
Tres años de cárcel para una mujer por impedir que su ex pareja vea a su hijo

Tres años de cárcel para una mujer por impedir que su ex pareja vea a su hijo

http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008102100_2_309112__Zamora-Tres-carcel-para-mujer-impedir-pareja-hijo

Martes 21 de octubre de 2008

El Juzgado de lo Penal ordenó su ingreso en prisión por incumplir cuatro sentencias en las que se establecía el régimen de visitas del padre

SUSANA ARIZAGA La mujer que denunció al padre biológico de su hijo de ocho años por maltrato psicológico ha ingresado en prisión para cumplir una pena de tres años y cuatro meses por desobediencia judicial. La condenada lleva siete años haciendo caso omiso a las órdenes judiciales de Granada y Zamora que imponían un régimen de visitas para que el progenitor pueda ver al niño.


María José Blanco Barea, que incluso llegó ser detenida por la Policía Nacional en agosto de 2007 en Zamora por negarse a entregar al niño a su padre para que pasaran quince días juntos, tendrá que permanecer más de un año en la macroprisión de Topas. El Juzgado de lo Penal ejecuta las cuatro sentencias impuestas por otros magistrados: dos de un año y otras dos de diez y seis meses. El ex compañero de la condenada recogió el sábado al infante del domicilio que comparte con su madre y la actual pareja de ésta, para llevárselo a la capital de Granada en la que reside. El magistrado le ha concedido la tutela y la custodia de forma provisional, hasta que la mujer, que sufre la enfermedad de Parkinson, cumpla con las sentencias dictadas por el Juzgado tras varios años de litigio, que comenzaron cuando el menor tenía casi tres años.


La ahora reclusa, abogada de profesión, solicitó públicamente «una orden de protección para mi hijo, para eliminar el régimen de visitas y que se inicie un proceso de revinculación psicológica», necesario a su juicio porque el primogénito y su padre no han tenido ninguna relación. Pedía que un equipo de especialistas ajustara los criterios de educación y facilitara la adaptación del niño a su progenitor. Nunca ha logrado estos objetivos y los jueces han hecho valer el derecho de su ex novio a disfrutar del hijo.


El hombre, que nunca ha realizado ninguna manifestación pública en los medios de comunicación, demandó en 2004 la custodia del menor de edad por considerar que la enfermedad de la madre le impedía cuidarle adecuadamente. La dolencia se le diagnosticó tres meses después de dar a luz. Ella alega que el padre inscribió con sus apellidos al niño en el Registro Civil el último día de plazo, lo que, a su entender, refleja la falta de interés en el bebé. Una actitud que María José Blanco afirma haber tratado de combatir en los primeros años de vida del pequeño, al que llamaba para que le visitara. «He procurado que estuviera presente, que tuviera un vínculo con él», declaraba en junio de 2004, cuando aseguraba que incluso llegó a ponerle una demanda judicial para que se le impusiera un régimen de visitas y una pensión, a lo que su ex novio «se negó».


María José Blanco, que promovió una Asociación por una Cultura sin Violencia Psicológica, llegó a acusar a su ex pareja, también abogado, de pertenecer a un grupo de gran influencia en la provincia andaluza que le sirvió para que un magistrado de la capital le favoreciera y ordenara el primer régimen de visitas en 2004, tras dos años y medio sin ver al niño. Esa fue su primera rebeldía contra una disposición judicial. María José Blanco inició una lucha que sabía que la podía conducir a la cárcel. En una rueda de prensa concedida el dos de septiembre de 2007 comunicó que estaba condenada cinco veces por desobediencia a la justicia, al tratar de impedir los contactos de su hijo y el padre, que según ha asegurado siempre no quiso participar del nacimiento del niño, ni ocuparse de él hasta que el menor estaba a punto de cumplir los tres años.


Aquella primera orden del juez de Granada la recurrió porque ya vivía con su vástago en Zamora y consideraba que la instancia andaluza no era competente para resolver el caso. Llegó hasta el Tribunal Constitucional. Entonces afirmaba que «yo desobedezco al padre del niño no al juez, porque no es competente». Debería decidir un juez de Zamora. Y así fue: Ordenó que el padre y el hijo entraran en contacto y se vieran fines de semana y en vacaciones. Apoyado en el informe de la Fiscalía, que favorecía esa relación porque no estaba acreditado que fuera perjudicial para el menor. Además, en base a la tesis que mantenía el progenitor, indicaba que si el Parkinson de María José Blanco se agravaba o fallecía, tendrá que ser el padre biológico quien se haga cargo del niño y no la pareja actual de la mujer.


Lejos de asumir la determinación judicial, cursó una denuncia por «violencia de género institucional, porque se está hablando del patriarcado, de que al niño le beneficia el contacto con el padre porque es su padre biológico. La justificación debe ser ese beneficio y no porque yo tenga una discapacidad o porque me vaya a morir». Remitió una queja ante la Fiscalía General del Estado por la conducta de la fiscal.


El hombre la ha acusado de alienación parental, es decir, de provocar en el niño un rechazo hacia su padre. Ella sostiene que su ex novio, en las tres ocasiones que asegura haberle facilitado visitas al niño, ha influido negativamente sobre el menor. En septiembre de 2007 declaró que la había sometido a un «acoso procesal» por las continuas denuncias para exigir la tutela del niño y lograr un régimen de visitas para verle.

El maltrato de Javi

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2008/10/21/opinion/d21opi3.1051879.php

Asier Diez Mon / Noticias de Álava. 21-10-2008

Conozco a Javier desde siempre, pero ya no lo reconozco. Hoy cumple 51 días sin ver a su hija de tres años porque su ex mujer no le deja. El fracaso de su relación ha degenerado en una maraña emocional y judicial. Javi ha perdido el empleo y el empuje que le había permitido triunfar en la vida y en el trabajo.

Sonríe menos y, cuando lo hace, es evidente que intenta confortarnos a los que estamos cerca, preocupados pese a que somos incapaces de saber hasta qué punto está hundido. Su ánimo no tiene consuelo, sufre maltrato. Deambula sin órbita fija en el universo de los desastres judiciales, porque la custodia compartida es una quimera y los jueces redactan las sentencias de divorcio con la brocha gorda de la aplicación de la fórmula general: los hijos están mejor con la madre. Un día de estos, cuando su señoría tenga a bien, se fijarán unos parámetros iniciales de visita a la espera de que se celebre el juicio de separación. Mientras tanto tendrá que esperar para ver a su hija, desamparado por una fiscal que en la causa preliminar recriminó la actitud de la madre de impedir el contacto padre-hija sin ningún motivo, pero que, aún así, recomendó que ella tenga la custodia. Su petición de compartir las tareas de paternidad quedó, al parecer, anotada en el margen del papel timbrado que firmará un día de estos el juez que vela por la niña y, sin embargo, le hurta el derecho a ver a su "aita". Y sus allegados asistimos atónitos al desfile de despropósitos jurídicos que permite que el rencor de una mala madre emponzoñe la vida de un padre y su hija.



La Ley Integral de Violencia de Género "no ha conseguido minimizar el número de muertes"



http://www.ideal.es/granada/20081023/local/granada/integral-violencia-genero-conseguido-200810231357.html



Francisca Expósito, profesora de la UGR, afirma que se necesita un tratamiento asistencial y más recursos



23.10.08 - EFE | GRANADA



Especialistas en violencia machista han coincidido hoy en que las "múltiples causas" que originan este problema requieren de un tratamiento global asistencial y no sólo jurídico, para lo que consideran necesario que la ley integral, que cumple cuatro años, se acompañe de un "soporte económico adecuado".



Así lo han puesto de manifiesto durante la celebración, en Granada, de las II Jornadas sobre Violencia de Género centradas en la aplicación de la ley integral en la atención a las víctimas, a cuya inauguración estaba prevista la asistencia del delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, que finalmente no ha podido acudir por problemas de agenda.



Francisca Expósito, profesora de Psicología de la Universidad de Granada y coordinadora de las jornadas, ha incidido en que la violencia machista obedece a múltiples causas relacionadas con los procesos de socialización, la educación y el aprendizaje.



De ahí que considere que el asunto debe ser abordado desde un punto de vista "más amplio", fundamentalmente atendiendo a la vertiente asistencial y no sólo jurídica, entre otras cosas porque "por sí misma" la Ley Integral de Violencia de Género "no ha conseguido minimizar el número de muertes". La psicología y los campos asistenciales "tienen mucho que decir en este sentido", según Expósito, para quien la erradicación de la violencia machista requiere abordar el problema desde múltiples perspectivas.



Una base fuerte



Para María José Jiménez, profesora de Derecho Penal e investigadora principal del proyecto en el que se enmarcan estas jornadas, el principal aspecto a mejorar de la ley transcurridos casi cuatro años de su implantación son los recursos económicos.



En su opinión, para llevar a la práctica los objetivos y medidas incluidos en ella se necesita "una base económica fuerte".



"Cuando no hay un soporte económico adecuado, por muy buenas ideas que se hayan plasmado en la ley, al final no se puede desarrollar como es debido", según Jiménez, quien ha considerado no obstante que todo instrumento legislativo necesita de un "periodo de adaptación y rodaje" y que no hay que ser excesivamente críticos "con una ley que lo único que pretende es solucionar un problema".



Para la presidenta de la Asociación de Mujeres contra la Violencia de Género Convive de Granada, Amparo de Píñar, las ayudas sociales que recoge la ley son "meros parches que no contribuyen a la independencia y autonomía real de las mujeres".



Proyectos irreales



En su opinión, la inserción laboral de las víctimas de la violencia machista (veinte al año) es "anecdótica", como también es "irreal" el acceso a la vivienda de estas mujeres.



"Sería una imprudencia decirle a las víctimas que no denuncien, pero también lo es instarles a que denuncien y ya veremos cómo sale", ha dicho Píñar, para quien es necesario "preparar la salida" de estas mujeres del "infierno" en el que viven.



Píñar ha advertido que aunque esa salida les permitirá retomar su vida y recuperar la tranquilidad, el proceso es "complejo" y no precisamente "un camino de rosas", de ahí que haya rechazado la creencia de que hay mujeres que interponen denuncias falsas para "obtener beneficios".



Las jornadas, que concluirán mañana, son la continuidad de unas celebradas el año pasado que se centraron en la aplicación de la ley en sus aspectos jurídicos, y se enmarcan en un proyecto de investigación multidisciplinar de tres años de duración en el que participan 27 investigadores, entre ellos Miguel Lorente.



El resultado de este estudio se dará a conocer en un libro que se publicará próximamente, según su investigadora principal, María José Jiménez.



Un saludo,
Luis Martínez
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